Nulidad de oficio

Potestad de la Administración de declarar, sin necesidad de pedido de parte, la nulidad de sus propios actos cuando incurren en causal de nulidad y, además, agravian el interés público o lesionan derechos fundamentales. La declara el funcionario jerárquico superior al que emitió el acto, previo traslado al administrado afectado, dentro del plazo de dos años contados desde que el acto quedó consentido; vencido dicho plazo, solo cabe demandar la nulidad ante el Poder Judicial mediante proceso contencioso-administrativo.