Proceso contencioso-administrativo

Proceso judicial previsto en el artículo 148 de la Constitución para el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Es de plena jurisdicción: el juez no solo puede anular el acto, sino reconocer o restablecer el derecho, ordenar a la entidad una actuación determinada y disponer indemnizaciones. Exige, como regla, el agotamiento de la vía administrativa y se interpone dentro de los tres meses de notificado el acto que causa estado; se tramita en vía urgente o en el proceso especial ante los juzgados especializados en lo contencioso-administrativo.