Arbitraje en contrataciones del Estado

Medio obligatorio de solución de las controversias que surjan entre la entidad y el contratista sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato público, junto con la conciliación y, en obras, la junta de resolución de disputas. Es arbitraje de derecho, a cargo de árbitros inscritos en el registro correspondiente, preferentemente institucional; el laudo es definitivo e inapelable, debe publicarse en la plataforma electrónica y solo puede ser anulado judicialmente por las causales del Decreto Legislativo 1071. Las partes deben iniciarlo dentro de los plazos de caducidad que fija la ley (en general, treinta días hábiles desde el hecho controvertido) y no son arbitrables la decisión de aprobar o no adicionales ni las pretensiones sobre enriquecimiento sin causa derivadas de ello.