Prescripción de la infracción administrativa

Extinción de la facultad de la entidad para determinar la existencia de una infracción administrativa por el transcurso del tiempo: cuatro años, salvo plazo distinto en ley especial, contados desde el día en que se cometió la infracción (instantáneas), desde que cesó (continuadas) o desde el día en que se realizó la última acción (permanentes). El plazo se suspende con el inicio del procedimiento sancionador y se reanuda si este se paraliza más de veinticinco días hábiles por causa no imputable al administrado. Es distinta de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la multa, que también es de cuatro años.