Tráfico de influencias

Delito contra la administración pública que sanciona a quien, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Puede cometerlo cualquier persona (pena de cuatro a seis años), y se agrava si el agente es funcionario o servidor público (cuatro a ocho años); el que compra la influencia responde como instigador o cómplice según el caso.