Enriquecimiento ilícito

Delito contra la administración pública que sanciona al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, con pena de cinco a diez años, elevada a diez a quince años para altos funcionarios como congresistas, ministros y magistrados supremos. Es un tipo subsidiario que se aplica cuando no puede probarse el delito fuente del incremento; la ley considera indicio de enriquecimiento el aumento del patrimonio o el gasto personal notoriamente superior al que normalmente hubiera podido tener el funcionario en virtud de sus sueldos y de sus ingresos lícitos declarados.