Juicio político

Procedimiento de control político por el cual el Congreso sanciona a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución por infracción de la Constitución, sin necesidad de que exista delito, imponiendo la suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años. El Tribunal Constitucional, en la STC 0006-2003-AI/TC, lo distinguió del antejuicio y exigió que la sanción se apruebe con el voto de al menos dos tercios del número legal de congresistas sin participación de la Comisión Permanente, y ha exigido que las infracciones estén tipificadas con suficiente precisión. El Nuevo Código Procesal Constitucional prevé la jurisdicción constitucional para revisar el respeto al debido proceso en estos procedimientos.