Inmunidad parlamentaria

Prerrogativa que protegía a los congresistas frente a procesos y detenciones sin autorización del Congreso, distinta de la inviolabilidad de opinión, que los exime de responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. La reforma constitucional de la Ley 31118 (2021) eliminó la inmunidad de proceso y de arresto: los delitos cometidos durante el mandato son juzgados por la Corte Suprema y los cometidos antes del mandato por la justicia ordinaria, subsistiendo solo la inviolabilidad de opinión y el antejuicio por delitos de función. Los congresistas conservan la prohibición de mandato imperativo y ciertas incompatibilidades.