Estado de cosas inconstitucional

Técnica jurisprudencial, tomada de la Corte Constitucional colombiana y adoptada por el Tribunal Constitucional peruano en el caso Arellano Serquén, por la cual el TC declara que una situación de vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales, derivada de prácticas o de omisiones estructurales de una entidad pública, es inconstitucional, y extiende los efectos de la sentencia a todas las personas afectadas aunque no hayan sido parte del proceso. Impone a las autoridades responsables el deber de adoptar medidas correctivas en un plazo, bajo apercibimiento, y habilita a los afectados a exigir su cumplimiento sin necesidad de nuevo proceso. Se ha declarado, entre otros, en materia penitenciaria, de salud mental y de acceso a la información.