Tener una sentencia de alimentos y que el obligado no pague es una de las frustraciones más grandes del sistema. Pero la sentencia no es solo un papel: incumplirla es un delito, y el Código Procesal Penal prevé un proceso rápido para perseguirlo.
- Quien omite cumplir la obligación alimentaria fijada por resolución judicial puede recibir pena privativa de libertad de hasta tres años, o prestación de servicio comunitario (artículo 149 del Código Penal).
- La pena sube a entre uno y cuatro años si el obligado simuló otra obligación alimentaria o abandonó maliciosamente su trabajo.
- Cuando el juez de familia remite copias certificadas para acusar al deudor, el fiscal debe pedir el proceso inmediato (artículo 446 del Código Procesal Penal).
- La vía penal no reemplaza el cobro civil: la pena se impone «sin perjuicio de cumplir el mandato judicial».
Incumplir la pensión es delito
El artículo 149 del Código Penal lo tipifica así: «El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial».
Dos elementos importan desde el inicio:
- Tiene que existir una resolución judicial que fije la pensión. Sin ella, este delito no se configura.
- La pena no extingue la deuda. El obligado sigue debiendo lo que no pagó.
Cuándo la pena es mayor
El mismo artículo agrava la pena a no menos de uno ni más de cuatro años cuando el obligado:
- Simuló otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona, para aparentar menos capacidad de pago.
- Renunció o abandonó maliciosamente su trabajo para no pagar.
Y prevé penas mayores si, como consecuencia previsible del incumplimiento, resulta lesión grave o muerte del alimentista.
Cómo se llega a la vía penal
El camino habitual parte del propio proceso de alimentos:
- Liquidación de pensiones devengadas en el juzgado de paz letrado o de familia: se calcula cuánto se debe.
- Requerimiento de pago al obligado, bajo apercibimiento.
- Si no paga, el juez remite copias certificadas al Ministerio Público.
- La fiscalía formula la acusación por el delito del artículo 149.
El artículo 446 del Código Procesal Penal establece que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, «cuando reciba del juez competente copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de prestación de alimentos». El proceso inmediato está pensado para casos con prueba evidente, y este lo es: la sentencia y la liquidación impaga ya están en el expediente.
¿Va preso el que no paga?
Puede. Pero conviene tener expectativas realistas: la pena máxima del tipo básico es de tres años y la ley prevé alternativas como la prestación de servicio comunitario. En la práctica, muchas sentencias condenatorias por este delito se dictan con pena suspendida, condicionada al pago de lo adeudado.
Justamente ahí está su eficacia: el riesgo de que la condena se haga efectiva si no paga es, para muchos obligados, el incentivo que la vía civil no logró.
La Constitución lo permite expresamente
A veces se dice que «no hay prisión por deudas». Es cierto, pero el artículo 2 de la Constitución, en su inciso 24, añade de inmediato: «Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios». Los alimentos son la excepción deliberada.
Otras herramientas que conviene usar a la vez
- Retención por planilla si el obligado trabaja formalmente.
- Embargo de cuentas y bienes, hasta el 60 % de sus ingresos tratándose de obligaciones alimentarias.
- Inscripción en el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que afecta su acceso a crédito y a ciertos trámites.
Si todavía no tienes sentencia, lo primero es el proceso de alimentos: lo explico en audiencia, sentencia y cobro de la pensión.
Lo explico en video
